El Gobierno de Javier Milei cumple 18 meses de gestión y el mercado comienza a medir el impacto de las medidas de desregulación del comercio internacional, con cambios más profundas que durante la experiencia más reciente en la gestión de Mauricio Macri.
La apertura, que comenzó a implementar el equipo económico que lidera Luis Caputo, en los primeros días de gestión, en diciembre de 2023, pone en riesgo más de 430.000 puestos de trabajo, lo que representa el 1,9% del empleo total del país y 2,3% del trabajo privado, según el último informe de Fundar.
“El gobierno de Javier Milei implementó una serie de medidas orientadas a abrir la economía, que en los hechos integran una reforma comercial”, expresa el documento que elaboraron 5 analistas del Think thank y asegura que se introdujeron modificaciones “más profundas” que las de la experiencia más reciente llevada a cabo entre 2016 y 2019.
Aunque reconoce que la desburocratización apunta a avanzar hacia un esquema de reglas claras y eliminar las barreras no arancelarias, en particular “aquellas usadas como herramientas discrecionales para la gestión del comercio exterior”, advierte que “la entrada de nuevas importaciones representa un riesgo para el entramado productivo y el empleo local”.
Empleo en riesgo
La simulación proyecta un aumento de u$s 12.391 millones anuales (a precios de 2024) en importaciones que podrían desplazar producción nacional.
Para estimar el empleo en riesgo Fundar utilizó el modelo insumo-producto que permite vincular los cambios en la demanda final nacional -asociados a variaciones de las importaciones- con variaciones en la producción, que posibilita a su vez estimar las variaciones en el empleo, y desagregar el impacto por sector, provincia y características sociodemográficas.
Como resultado se estima que 431.452 puestos de trabajo podrían perderse, lo que representa el 1,9% del empleo total del país.
Al mismo tiempo, sobre el tipo de cambio señala que influye significativamente ya que si se hubiera mantenido en los niveles de 2023, el empleo en riesgo sería de 355.158 puestos, es decir, un 21% menos.
Respecto al sector más afectado, señaló que el 65% de los puestos de trabajo en riesgo se concentra en la industria manufacturera, particularmente en textil-indumentaria, calzado, madera, productos de metal y electro-electrónica, altamente expuestos a la competencia externa.
Además, son más vulnerables a la apertura las ramas de servicios de “comercio” (14% del total en riesgo) y “transporte y comunicaciones” (8%).
En relación al impacto regional plantea que es “desigual” y precisa que cuatro jurisdicciones concentran el 74% de los puestos de trabajo en riesgo: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba y Santa Fe.
Sin embargo, al contrastar el tamaño del empleo en cada provincia, destaca el caso de Tierra del Fuego, donde está en riesgo el 5,5% del empleo privado.
En ese sentido, también se genera alerta sobre el tipo de puestos de trabajo que están en juego a partir del aumento de bienes del exterior que reemplazan la producción local.
El documento concluye que corren más riesgo los que tienen trabajo registrado, adultos jóvenes de entre 25 y 44 años y que terminaron la secundaria.
Esto se explica, en gran medida, porque la industria manufacturera -donde se concentra la mayor parte del empleo en riesgo- emplea relativamente más trabajadores con estudios secundarios completos y porque el sector industrial en general tiene menor prevalencia de la informalidad.
!Destruir trabajo es mucho más sencillo que construirlo”, enfatiza el informe y describe que la apertura comercial puede provocar impactos duraderos sobre el empleo y los salarios.
“Una liberalización sin políticas que acompañen puede agravar la desigualdad territorial, debilitar sectores estratégicos y erosionar puestos de trabajo formales y de calidad”, plantea.
En esa línea, reconoce que en 2023, la Argentinase situó en el puesto 121 de 123 países, entre los países más cerrado al mundo -junto con Sudán y Etiopía- pero propone otro tipo de apertura.
“Una apertura desarrollista requiere que la política comercial sea parte de una receta con más y mejores políticas públicas, y con un orden de aplicación totalmente diferente”, recomiendan los especialistas.
Y, como clave invitan a pensar una apertura que tenga en cuenta el contexto macroeconómico, que articule instrumentos de transición productiva y laboral, y proyecte la generación de bienes públicos de calidad.
por último destaca que “es urgente implementar y coordinar otras políticas -cambiaria, tributaria, productiva y laboral- para mejorar la competitividad de las empresas y adoptar medidas que mitiguen sus efectos sociales”.
A la par, indica valora el rol de los gobiernos subnacionales para diseñar e implementar programas de reconversión productiva y laboral: “El éxito de las estrategias de transición dependerá en buena medida del protagonismo que asuman estas provincias y municipios”, indica Fundar.
