El Gobierno nacional avanzó otro casillero en su estrategia de retirada del Estado como actor comercial: en una medida que cambia la lógica de abastecimiento energético de las últimas décadas, la Casa Rosada confirmó que la empresa estatal Enarsa dejará de importar y comercializar Gas Natural Licuado (GNL), transfiriendo esa responsabilidad operativa y financiera al sector privado mediante un esquema de competencia.
La decisión, que busca asegurar el suministro durante los meses pico de invierno, responde tanto a una convicción ideológica —”retirar al Estado del rol de empresario”, según reza el comunicado oficial— como a una realidad logística ineludible: los gasoductos no dan abasto.
El cuello de botella logístico
A pesar del potencial de Vaca Muerta, la infraestructura de transporte sigue siendo el talón de Aquiles del sistema. El Gobierno reconoció que “no existe actualmente capacidad suficiente de transporte” para llevar todo el gas disponible en boca de pozo hacia los grandes centros de consumo del AMBA y el Litoral.
Ante este escenario de saturación de ductos, el GNL importado vía barco regasificador se mantiene como el complemento indispensable para cubrir la demanda invernal. La diferencia es que, a partir de ahora, la gestión de esa logística crítica ya no estará en manos de funcionarios, sino de traders y operadoras privadas.
Licitación en Escobar y fin del subsidio cruzado
El nuevo esquema se instrumentará a través de una licitación para asignar la capacidad de regasificación disponible en la terminal portuaria de Escobar. El privado que resulte adjudicado deberá hacerse cargo de la cadena completa: traer el buque metanero, regasificar el fluido e inyectarlo al sistema de transporte para abastecer a distribuidoras y generadoras eléctricas.
El cambio de modelo busca eliminar la intermediación fiscal. Hasta la fecha, Enarsa compraba el GNL a precios internacionales (que oscilan entre 15 y 17 dólares por MMBTU) y lo vendía al mercado interno a precio de “Plan Gas” (alrededor de 2,7 dólares por MMBTU), cubriendo ese abismo financiero con subsidios del Tesoro.
Precio tope y “cláusula de rescate”
Para evitar distorsiones en un mercado que depende de una única terminal operativa -un punto crítico de la infraestructura- la Secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti, establecerá un precio máximo para el gas regasificado durante el próximo invierno.
Este tope se calculará sumando un marcador internacional más un “adicional” que deberá cubrir los costos logísticos puros: flete marítimo, regasificación, almacenaje y el transporte por gasoducto hasta el punto de entrega en Cardales. Este margen adicional será el que se definirá por competencia entre las empresas.
Finalmente, el Gobierno se reservó una carta de seguridad: si el proceso licitatorio fracasa o queda desierto, Enarsa podrá intervenir de forma transitoria para evitar cualquier riesgo de desabastecimiento físico, actuando como garante de última instancia en un sistema que busca ser más transparente y eficiente.
