Uruguay busca ampliar su atractivo para las empresas argentinas con un nuevo proyecto de zona franca en Colonia del Sacramento, una ciudad ubicada a poca distancia de Buenos Aires. La iniciativa apunta a captar compañías de servicios profesionales, financieros y tecnológicos mediante un régimen que ofrece importantes beneficios impositivos a quienes cumplen con sus requisitos.
Se trata de Zona Franca del Plata (ZFDP), un complejo corporativo que será inaugurado el próximo 19 de noviembre y estará destinado exclusivamente a empresas de servicios. El desarrollo demandó una inversión de US$26 millones y recibió la autorización del gobierno uruguayo en 2023 para operar como zona franca privada durante 30 años.
Aunque todavía no hay empresas instaladas —la incorporación de usuarios depende de la finalización de las obras y de la habilitación del complejo—, sus responsables señalaron durante una presentación en la Embajada de Uruguay en Buenos Aires que todo el interés empresarial recibido hasta el momento provino de Argentina.
Qué empresas argentinas podrían instalarse en la zona franca de Colonia
El proyecto apunta a atraer una variedad de compañías que prestan servicios profesionales y corporativos, tanto para clientes locales como del exterior. Entre los potenciales usuarios aparecen estudios jurídicos y contables, consultoras, asesores de inversión, fintech, compañías financieras, desarrolladoras de software y firmas de servicios tecnológicos.
La cercanía con Buenos Aires es uno de los principales argumentos comerciales de la iniciativa. La ubicación de Colonia permitiría a las empresas mantener una relación estrecha con el mercado argentino y, al mismo tiempo, evaluar las ventajas fiscales y operativas que ofrece Uruguay.
Un nuevo polo económico en Colonia del Sacramento
Por ahora, sin embargo, no hay contratos de instalación confirmados. La llegada de las primeras compañías dependerá de la habilitación del complejo y de los acuerdos que se concreten con los interesados.
El modelo de zonas francas que ya utilizan MercadoLibre y Globant
Uruguay cuenta desde hace décadas con un régimen de zonas francas que permite a determinadas empresas desarrollar actividades con amplias exoneraciones tributarias. En Montevideo funcionan complejos orientados a compañías de servicios, entre ellos Aguada Park, WTC Free Zone y Zonamerica.
Entre las empresas argentinas que operan o han operado desde zonas francas uruguayas aparecen MercadoLibre y Globant, además de firmas como Etermax, Intraway y Despegar, junto con distintos estudios jurídicos.
La diferencia de Zona Franca del Plata es su ubicación: sería la primera zona franca de Colonia del Sacramento dedicada exclusivamente a empresas de servicios. El proyecto busca aprovechar esa proximidad con Buenos Aires para captar operaciones que hoy evalúan distintas alternativas dentro y fuera de Argentina.
Qué beneficios impositivos ofrece Uruguay a las empresas
Uno de los principales atractivos del régimen uruguayo es la exoneración de varios impuestos nacionales para las actividades comprendidas en las zonas francas.
Entre los beneficios se encuentra la exención del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), cuya tasa general fuera del régimen es del 25%. Los usuarios también pueden acceder a exoneraciones del Impuesto al Patrimonio, el IVA y otros tributos nacionales, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa.
No obstante, instalarse en una zona franca requiere cumplir una serie de trámites y obligaciones. Las empresas deben constituir un vehículo específico, registrar su contrato de usuario y presentar un plan de negocios ante el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay.
El acceso a las exoneraciones depende de que las actividades realizadas estén comprendidas en el régimen y se respeten sus requisitos.
Qué requisitos deben cumplir las empresas y sus empleados
El régimen también establece condiciones vinculadas con la contratación de personal. Como regla general, al menos el 75% de los trabajadores de los usuarios de zonas francas debe ser uruguayo.
Para determinadas empresas de servicios, esa proporción puede reducirse al 50%, previa autorización. La aplicación concreta depende de las condiciones aprobadas para cada usuario.
En materia tributaria, los empleados extranjeros pueden optar, bajo los requisitos previstos por la normativa, por tributar el Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR), con una tasa del 12% sobre las remuneraciones alcanzadas. Para los trabajadores dependientes, el impuesto grava las rentas correspondientes al trabajo desarrollado en Uruguay.
El régimen general del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), por su parte, contempla tasas progresivas que van del 10% al 36%, además de mínimos y deducciones.
