El Gobierno Nacional profundiza el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., formalizado a través de la resolución 1049/2025.
La medida, enmarcada en la Ley de Bases, incluye a la operadora estatal de cargas entre las empresas sujetas a privatización y responde a la estrategia del presidente Javier Milei de reducir la participación del Estado en actividades de carácter empresarial.
La resolución fija un cronograma de 12 meses para completar el proceso, que implicará el retiro del Estado como operador ferroviario de cargas. La operación del material rodante, vías, talleres e inmuebles aledaños quedará en manos del sector privado. El patrimonio ferroviario, sin embargo, seguirá siendo estatal, ya que los bienes revertirán al Estado al finalizar cada concesión.
Qué se definió y quiénes intervienen
La Secretaría de Transporte fue instruida para elaborar la documentación licitatoria, técnica y contractual necesaria para el proceso, con intervención previa de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP). Entre sus tareas principales están:
- Concretar el remate público del material rodante de propiedad estatal administrado por Belgrano Cargas, realizando el inventario y diagnóstico correspondiente.
- Concesionar las vías férreas e inmuebles adyacentes de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.
- Concesionar el uso de los talleres ferroviarios de las líneas mencionadas.
Estas operaciones deberán ajustarse a las condiciones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y se instrumentarán a través de las plataformas oficiales SUBAST.AR y CONTRAT.AR.
La ATEP, por su parte, coordinará el cronograma general y requerirá a un banco público nacional —designado en la resolución— las evaluaciones técnicas y financieras del proceso. El Banco de la Nación Argentina será el encargado de administrar los fondos provenientes de los remates, que deberán destinarse exclusivamente al financiamiento de obras ferroviarias.
Redefinición del rol del Estado
La implementación de estas medidas significará que el Estado dejará de operar directamente el transporte ferroviario de cargas, limitando su rol a regular y fiscalizar la infraestructura ferroviaria y a mantener la titularidad de los bienes.
El modelo reemplaza al esquema de operación estatal integral que se reinstaló en 2013 con la creación de Belgrano Cargas y Logística S.A., fusionando las concesiones caducas de cargas de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. A partir de ahora, se avanzará hacia un sistema de concesiones múltiples al sector privado.
La privatización abre interrogantes sobre el impacto en la competitividad logística y la conectividad ferroviaria del interior. Belgrano Cargas moviliza actualmente graneles agroindustriales, minerales y contenedores, siendo un operador clave en el Noroeste, Cuyo y el litoral argentino.
Si bien el modelo mantiene las vías y terrenos en manos estatales, será determinante la capacidad de supervisión de las concesiones para evitar cuellos de botella o el abandono de ramales no rentables. En paralelo, la reasignación del material rodante y la continuidad laboral de los empleados serán puntos críticos en la implementación.
Acceso abierto
En paralelo, la Secretaría de Transporte inició la etapa de reorganización del modelo transitorio hacia la plena implementación del acceso abierto del sistema ferroviario de cargas. Así, la empresa Nuevo Central Argentino S.A. (NCA) continuará operando el servicio ferroviario de carga manteniendo las obligaciones contractuales, asumiendo nuevos compromisos y cumpliendo con el marco de previsibilidad jurídica correspondiente.
El objetivo es extender esta medida a todo el sistema ferroviario de cargas, por lo que la Secretaría de Transporte invitó a las empresas Ferrosur Roca S.A. y Ferroexpreso Pampeano S.A. a presentar propuestas de adecuación contractual en los mismos términos, mientras se avanza paralelamente con la privatización de la operadora estatal Belgrano Cargas y Logística S.A.
Esquema transitorio
De esta manera se puso fin al esquema transitorio adoptado en 2021, cuyo fracaso derivó en la consolidación de un régimen de prestación precario de los servicios ferroviarios de cargas. “Esta decisión de la gestión anterior generó enormes dificultades al sistema ya que resultó inviable que la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas se haga cargo de los servicios, lo que terminó debilitando al sistema y generando incertidumbre operativa”, indicaron desde Transporte a través de un comunicado.
Para solucionar esto, en esta primera instancia se adecuó el contrato de concesión con la empresa NCA, incorporando la ejecución de inversiones y trabajos orientados al fortalecimiento de la accesibilidad y la capacidad operativa en puntos críticos de la red, tendiente a la apertura para terceros operadores e introducción gradual de la competencia.
La empresa Nuevo Central Argentino S.A. continuará prestando el servicio hasta diciembre de 2032 conforme al plazo legalmente previsto y en línea con las normativas existentes. Dentro de las mejoras al sistema, se destaca particularmente las obras proyectadas en los accesos a puertos a la zona gran Rosario que son vitales para el flujo de la operación ferroviaria y logística del sistema.
