Procesan a un exagente de Aduana de Mar del Plata por operar importaciones desde su propia empresa

El Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata procesó a un exagente de Aduana, acusado de haber intervenido como funcionario público en operaciones de importación realizadas por su propia empresa, Gestión de Moda SRL.

Según resolvió el juez Santiago Inchausti, M.N.C. fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, previsto en el artículo 265 del Código Penal. La investigación determinó que, mientras se desempeñaba como guarda aduanero, participó directamente en al menos dos operaciones de importación, por un monto de 13.154 dólares, en beneficio de la firma de la cual era socio mayoritario.

La causa, investigada por la Fiscalía Federal N° 1 a cargo de Laura Mazzaferri, se originó a partir de denuncias anónimas y una presentación de un testigo con identidad reservada en la que se alertó sobre un esquema irregular en torno a la Aduana local, que incluía presiones gremiales, posibles vínculos con operadores políticos y un entramado de empresas relacionadas entre sí, que guardan relación con la causa de contrabando y casinos ilegales .

Las irregularidades detectadas incluyeron el ingreso de datos al sistema informático aduanero (SIM) y la validación del arribo y entrega de mercaderías que habían sido importadas por su propia empresa. A juicio del magistrado, esto representó una grave violación al deber de imparcialidad e integridad exigido a los funcionarios públicos.

Gestión de Moda SRL, dedicada a la venta de accesorios de telefonía e indumentaria, estaba registrada como importadora desde febrero de 2018. Apenas semanas después, el 5 de abril de ese mismo año, M.N.C. ingresó formalmente a la Aduana. Según la normativa vigente —incluida la Ley de Ética Pública y la Disposición 317/09 de AFIP— ese doble rol era incompatible con el ejercicio de funciones públicas en el organismo fiscalizador.

En los últimos años, Gestión de Moda SRL realizó 21 importaciones por un monto total de 130.692,01 dólares.

Aunque el acusado alegó haberse desvinculado de la gestión operativa al renunciar como gerente de la sociedad en mayo de 2018, la Justicia determinó que mantuvo control efectivo sobre la firma. La prueba recolectada —entre ellas testimonios, cruces telefónicos, registros de Mercado Libre y documentación interna de la Aduana— indica que M.N.C.no sólo conocía cada operación de importación, sino que continuaba operando las cuentas digitales y comerciales de la empresa.

Además de M.N.C., fueron imputados como partícipes sus socios H.N.G. y E.H.G.. Ambos declararon que se encargaban del manejo diario del negocio, pero los elementos del expediente demostraron que respondían a M.N.C. y dependían económicamente de él, incluso tras haber asumido roles societarios.

En su resolución, el juez destacó que la figura penal de negociaciones incompatibles no exige que el beneficio económico se haya concretado ni que exista perjuicio para la administración pública. Basta con que el funcionario intervenga en operaciones desde las cuales pueda beneficiarse directa o indirectamente, afectando la confianza y transparencia del cargo que ocupa.

El procesamiento se dictó sin prisión preventiva, pero con un embargo sobre los bienes de los imputados y la prohibición de salir del país sin dar aviso a la Justicia. A M.N.C. se le impuso un embargo de 100.000.000 de pesos, mientras que a sus socios de 15.000.000. La causa continuará ahora con nuevas medidas de prueba, y no se descarta que surjan más involucrados en el entramado de importaciones presuntamente irregulares que se habría sostenido durante años en la Aduana local.

Qué dice el Código Penal

El artículo 265 de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188) contempla prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua al funcionario público que “directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”. La figura busca proteger el correcto e imparcial desempeño de la función pública, incluso frente a apariencias de conflicto de intereses.

Cómo operaba: un caso testigo de las maniobras investigadas

El ejemplo más claro de las irregularidades que le endilgan a M.N.C. ocurrió en octubre de 2023. En esa fecha, según determinó la Justicia, validó como funcionario público el ingreso y posterior libramiento de una importación realizada por su propia empresa. La operación fue canalizada a través de un régimen aduanero denominado IC04 —consumo directo en plaza— y consistió en el ingreso de mercadería valuada en más de 10.000 dólares, que luego sería vendida en Mar del Plata.

En otra maniobra, registrada en abril de 2024, el exagente de la Aduana intervino en el circuito documental de un tránsito monitoreado (TRM) para otra importación de su firma, donde certificó como guarda el arribo de mercadería al depósito fiscal del aeropuerto local.

En ambos casos, su nombre aparece en los registros informáticos del sistema SIM como el agente interviniente. Según el juez, no solo se trató de una incompatibilidad formal: “M.N.C., al intervenir en las operaciones mencionadas representaba más bien a los intereses de su empresa Gestión de Moda, que no son los del Estado”, afirma la resolución judicial.

El acusado intentó justificar su accionar con argumentos formales: sostuvo que había renunciado a la gerencia de Gestión de Moda, que su participación era solo patrimonial, y que se excusaba informalmente cuando detectaba conflictos de interés. Sin embargo, el fallo sostiene que mantuvo control operativo sobre la firma, que sus socios eran empleados que dependían económicamente de él y que, incluso, operaba directamente sus cuentas de Mercado Libre y otras plataformas.

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