Argentina y Estados Unidos tienen mucho en común, salvo por el detalle de que uno es la primera potencia económica mundial y el otro todavía no califica como plenamente desarrollado en términos económicos. Hoy comparten una coyuntural afinidad ideológica en sus administraciones, pero con matices.
Estados Unidos es un país desarrollado que protege su industria y empleo bajo la línea de la “seguridad nacional”. Argentina es un país que, ahora, apuesta a la apertura comercial para su desarrollo y desmantela paulatinamente toda regulación proteccionista.
El hilo naval
Hay un curioso hilo que los une: ambos dependen totalmente de la bandera extranjera para su comercio, ambos vieron desaparecer su marina mercante en tráficos internacionales, ambos reservan el cabotaje para sus barcos y ambos vieron caer la relevancia de su producción naval.
Y lo que Donald Trump acaba de lanzar es tan disruptivo que podría ser festejado hasta por los más acérrimos industriales navales argentinos, muchos de ellos identificados con políticos argentinos que están, paradójicamente, en las antípodas del mandatario norteamericano.
El MAGA naval
“Pronto vamos a revitalizar a nuestros astilleros, que fueron magníficos en el pasado, con cientos de miles de millones de dólares en nuevas inversiones y gente de todo el mundo, para construir barcos en Estados Unidos. Queremos que se construyan en Estados Unidos”, es la frase de Trump que abre el Plan de Acción Marítima (MAP en inglés), que demoró casi un año en ser elaborado, y que tiene la firma Marco Rubio, Secretario de Estado y asistente del Presidente en Asuntos de Seguridad Nacional. Todo un MAGA (Make America Great Again) naval.
El plan diagnostica la capacidad naval comercial norteamericana: menos del 1% de los barcos comerciales nuevos se construyen en el país, existen solo 66 astilleros en total (8 activos para construcción de grandes buques), hay escasez de trabajadores calificados, dependencia de proveedores únicos, y el comercio internacional es transportado casi en su totalidad en barcos extranjeros.
Y como gran paraguas argumental, identifica esta debilidad como una vulnerabilidad de la seguridad nacional.
Los cuatro pilares
El ambicioso MAP, que necesitará de un apoyo inédito del Parlamento y de miles de millones de dólares de financiamiento, está estructurado en cuatro pilares, complementados por una sección de acciones desreguladoras (con un fin último de protección de la industria nacional) y propuestas legislativas.
Los pilares son: Reconstrucción de la capacidad en construcción naval; Educación y capacitación de la fuerza laboral; Protección de la base industrial marítima, y “Seguridad nacional, seguridad económica y resiliencia industrial”.
Para ampliar la capacidad naval, el plan propone recurrir al crédito federal y a las subvenciones existentes, crear incentivos fiscales y asociaciones público-privadas para capitalizar y modernizar los astilleros. El apartado propone como fondeo la tarifa aplicada al tonelaje de los buques extranjeros que ingresan en los puertos de Estados Unidos, y dan como ejemplo que por cada centavo/kilo cobrado se generarán US$ 66.000 millones en 10 años. Además, se crearán “clusters navales”, denominadas “zonas de prosperidad marítima (ZPM)” donde, por 10 años, se buscará el desarrollo de la cadena de proveedores y la educación.
Capacitación y preferencia
Para atender el déficit de mano de obra calificada, el plan buscará simplificar y digitalizar todo lo que se pueda los procesos de certificación, y se recurrirá a los simuladores como sustituto parcial a las necesarias “horas embarcadas”. Todas las academias estatales estarán a disposición y potenciadas para expandir la matrícula y escalar modelos de entrenamiento acelerado.
Luego, para proteger la base industrial marítima norteamericana, y atentos a que el 41,5% del comercio norteamericano se mueve por agua, el plan prevé crear un nuevo Requisito de Preferencia Marítima de los Estados Unidos (USMPR, en inglés) a través del cual se le exigirá a las economías exportadoras de alto volumen transportar un porcentaje gradualmente creciente de su carga contenedorizada (con destino a Estados Unidos) en buques norteamericanos.
A su vez, se creará un Impuesto al Mantenimiento de Puertos Terrestres y un fondo ad hoc, que se sustentará con una tarifa del 0,125% sobre el valor de los bienes que ingresen por las fronteras terrestres (equivalente al que existe en los puertos marítimos), cuyo volumen creció sustancialmente a partir de la tarifa que ya se aplica a los buques extranjeros.
En tanto, el cuarto pilar del Plan hace foco en el fin de la dependencia y la búsqueda del “autoabastecimiento” integral en la fabricación de buques, desarrollando la capacidad doméstica de motores, hélices, aceros de alta resistencia, electrónica, adopción de IA y robótica y todo lo necesario para el “hecho en Estados Unidos”.
La desregulación como “vía rápida”
En varias oportunidades, la Administración Trump “elogió” la decisión de su par argentino en materia de “desregulación y desburocratización”.
Precisamente, además del fondeo a través de impuestos o la autorización parlamentaria de recursos, el otro camino que recorrerá el plan es un exhaustivo desmantelamiento de regulaciones, trámites, inspecciones, certificaciones y todo tipo de procesos que “frene” el resurgimiento del sector.
Por último, Trump presentará su propia iniciativa legislativa para el Presupuesto 2027, que resume las principales iniciativas:
- Cobrar tarifas en fronteras terrestres para evitar la elusión de cargos portuarios.
- Crear el Fondo Fiduciario de Seguridad Marítima (MSTF).
- Incentivar la inversión privada en construcción naval y astilleros.
- Organizar las Zonas de Prosperidad Marítima (MPZ).
- Establecer becas marítimas nacionales y traer expertos de países aliados para capacitar en EE.UU.
- Garantizar suficiente tonelaje de buques bajo bandera estadounidense disponible en tiempos de crisis.
Un pasado común, una brecha en el presente
El plan hace referencia al “histórico poderío” marítimo que fue fundamental para el liderazgo global de Estados Unidos, y reconoce que las capacidades marítimas se erosionaron en las últimas décadas.
El MAP es la ambiciosa respuesta norteamericana para cumplir con los propósitos más íntimos de la ideología de Trump: inversiones y empleo, por un lado, y ajuste geopolítico por el otro, eliminando la dependencia y apuntando a volver a ser autosustentables en materia de transporte y logística marítima internacional.
Hay mucho en común entre la Argentina y Estados Unidos. La “escala” es la brecha que nos separa, y tal vez la urgencia geopolítica no es la misma porque la Argentina no disputa la preeminencia global.
Pero en esencia hay cuestiones idénticas. Y la intención norteamericana, seguramente, también late en varios muelles y astilleros argentinos que, por ahora, no lograron tener el eco en la decisión de la máxima autoridad. Y ahí tal vez está lo que más nos separa: el lugar en la agenda que ocupan los temas marítimos.
